1. INTRODUCCIÓN
La pandemia originada por el virus del Covid-19 represento un reinicio en las investigaciones de ciencias sociales, pues expuso la urgencia de atender diferentes fenómenos que afectaban a la población. Este es el caso de los problemas con respecto al acceso a la vivienda y la extracción de la población de sus hogares.
Tanto nacional como internacionalmente la “vivienda” es reconocida como un derecho humano fundamental. Este derecho esta reconocido en la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 1° de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
Sin embargo, en la practica existen muchas trabas que impiden que gran parte de la población pueda ejercer este derecho. En la Ciudad de México específicamente, estas trabas tienen múltiples origines: La falta de oportunidad de la población para el acceso al mercado inmobiliario, la pobre planeación urbana (derivada del fenómeno de auto-construcción de gran parte de las zonas habitacionales del país), la poca calidad en la construcción de estas viviendas y, la extracción de la población de sus viviendas ya sea por fenómenos naturales (como el sismo del 2017) o por gentrificación de las zonas residenciales (el caso del predio Puebla 261).
Esta investigación se centra en analizar este último fenómeno de extracción de la población de sus hogares (ya sea por desastre natural o por gentrificación) y se plantea que estos dos fenómenos están relacionados con las políticas neoliberales actualmente existentes en México, las cuales priorizan el fortalecimiento del libre-mercado y la competencia antes que el bienestar de los habitantes.
Este trabajo tiene la intención exponer el panorama general sobre las condiciones de acceso a la vivienda en la Ciudad de México y tratar de comprender la relación de la introducción de las políticas neoliberales en México con la aparición del fenómeno de desalojos masivos que se vivió durante la pandemia.
2. PANORAMA SOBRE CONDICIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA
Antes de revisar cuales son los impactos de la política neoliberal hay que definir que entendemos por “vivienda adecuada”, por ser este el concepto usado en la legislación mexicana y, al mismo tiempo, conocer cual es el panorama general de la población, el tipo de vivienda que existe en la ciudad y si estas coinciden con el concepto de “vivienda adecuada”.
2.1 definición de vivienda y vivienda adecuada
Existen complicaciones para poder definir que es una vivienda. Sánchez Carrillo (2022) nos propone que, para dar un primer acercamiento a este concepto es pertinente, primero, diferenciar entre la vivienda urbana y la vivienda rural, y después concebir a la vivienda desde tres ángulos distintos.
Esta investigación, al ubicarse en la CDMX, se centra en el estudio de la vivienda urbana. Es pertinente realizar esta diferenciación y ubicar la investigación debido a que al ser el entorno y las dinámicas de vida diferentes en la ciudad y en el campo la concepción de lo que es la vivienda también es diferente (Sánchez Carrillo, 2022).
En segundo lugar, es importante revisar las distintas definiciones de vivienda, que van a partir de distintos enfoques, para poder apreciar una imagen completa de lo que significa la vivienda y no verla únicamente desde un solo frente. Sánchez Carrillo (2022) nos propone 3 enfoques principales: La definición mercantil conceptualiza a la vivienda como objetos, espacios y bienes mínimos para cubrir necesidades. En esta definición se antepone el valor económico sobre el social-humano. En segundo lugar, la vivienda vista como un Derecho Social es un recurso que facilitan el acceso a la vida digna. Al ser visto como un derecho el Estado tiene el deber de intervenir para garantizar que toda la población pueda disfrutar de el. Finalmente, desde el “Habitar” la vivienda se define como un espacio de socialización, que forma de identidad y pertenencia.
Una vez conocidas las distintas dimensiones desde las cuales se puede estudiar a la vivienda, la presente investigación se interesa en revisar el concepto de la ONU “vivienda adecuada”. La razón de esto es que en México la elaboración de programas y políticas públicas relacionadas a la vivienda parten de este concepto, es decir parten de categorizarlo como un derecho humano (por ejemplo en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México).
La ONU (2018) concibe una vivienda como “adecuada” si esta consta de siete elementos.
- Seguridad de la tenencia: que se refiere a una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
- Asequibilidad: Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30 % de su ingreso en todos los gastos asociados a la vivienda
- Habitabilidad: Se refiere a las condiciones que garantizan la seguridad física de las personas
- Accesibilidad: Referente a las necesidades de grupos desfavorecidos y marginados. Particularmente de personas con discapacidad.
- Ubicación: Debe ofrecer acceso a empleo, salud, escuelas, guarderías, etc.
- Adecuación cultural: Es decir respetar y tomar en cuenta la identidad cultural.
2.2 Características de la población
Pasando a las características de la población, según la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en su informe laboral del 2 trimestre del 2021, de la población total (9,248,519) la población económicamente activa y ocupada (4,117,427 personas), o sea el 56 % esta conformada mayoritariamente por asalariados, seguidos de trabajadores por cuenta propia, empleadores y finalmente trabajadores sin pago y otros. En cuanto a las tasas de normalidad indica que casi la mitad de los trabajos son informales, tanto en la Ciudad de México, como a a nivel nacional. Exactamente en la CDMX 47.1 de la población económicamente activa es informal.
En la CDMX la rama económica a la que más se dedican las personas es el comercio, siendo un 20.5 % del total de las personas económicamente activas. Igualmente, este informe nos indica que los salarios mas altos los reciben las empleos formales. En la CDMX los salarios más altos son de 16,007 pesos mensuales por persona, y estos son recibidos por personas de entre 30 y 64 años. Por otra parte el salario más bajo es de 3,136 pesos mensuales por persona, y estos son recibidos por gente de 65 años en adelante.
2.3 Características de las viviendas
Una vez conocidas las características de la población podemos ver los medios por los que estos logran adquirir una vivienda. En la CDMX hay tres formas: mediante la compra en el mercado formal (financiado y construido por empresas privadas), mediante intervención pública (por un crédito o fondo), y finalmente mediante el mercado informal, por adquisición ilegal o por auto-construcción. Los sectores con ingresos medios y altos adquieren su vivienda comprándola en el mercado inmobiliario, mientras que los trabajadores asalariados y clases bajas recurren a los fondos que provee el Estado (siempre que estos sean derechohabientes) o, en su mayoría, a la auto-construcción (Ziccardi, 2019).
Resulta importante destacar que en la Ciudad de México el fenómeno de auto-construcción de la vivienda ha sido una respuesta al nulo acceso que tienen los sectores bajos al mercado inmobiliario. Según el censo EVCD MX-UNAM-IIJ del 2010 el 22 % de las viviendas fueron construidas por sus ocupantes y el 26 % fueron mandadas a construir, es decir que prácticamente la mitad de las viviendas de la ciudad de México fueron construidas por sus pobladores. En la CDMX la auto-construcción fomentó el crecimiento de la ciudad y su expansión. Estas colonias populares fueron toleradas gracias a la vinculación de sus residentes con el partido en el gobierno o como resultado de luchas por la autonomía (Ziccardi, 2019). La relevancia de este hecho radica en que el fenómeno de auto-construcción es la razón por la que el estatus de “vivienda en propiedad” es el que prevalece en la ciudad (Ziccardi, 2019).
2.4 Calidad de la vivienda
En cuanto a los distintos problemas relacionados con la vivienda en México, la FONHAPO cuenta con índices de cálida de vivienda. Los seis factores principales a considerar son la: tenencia, disponibilidad de servicios, calidad de materiales de construcción, salubridad, amplitud y asequibilidad. Vemos como estos son los mismos que los propuestos por la ONU en su concepción de “vivienda adecuada”. En la CDMX, según estos indicadores, existe un rezago en la calidad de la vivienda (Morales et al. 2012).
De los tres tipos de viviendas en la ciudad son las auto-construidas y las obtenidas con crédito aquellas que sufren este rezago en la calidad. Principalmente las viviendas auto-construidas resultan ser muy precarias y con una falta de acceso a servicios básicos, en particular el acceso al agua. Resulta importante detenernos un momento a analizar el problema de acceso al agua en la CDMX, pues este al ser un servicio básico con el que la gran parte población no cuenta, indica un atraso en uno de los puntos puestos por la ONU.
Los datos indican que en la ciudad de México la cobertura de agua entubada abarca un 97% de las viviendas, mientras que el drenaje abarca un 91% de estas mismas (Reynoso y Ziccardi, 2012). Sin embargo, la cobertura del servicio no significa un verdadero acceso al agua de forma constante y que permita satisfacer las necesidades de la población. Según el INEGI en 2005 se estimaba que el total de personas sin acceso al agua ascendía a 1 millón 155 mil 325 personas (Reynoso y Ziccardi, 2012).
En la ciudad las delegaciones más afectadas por la disponibilidad de este servicio son Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa (Reynoso y Ziccardi, 2012). Esta desigualdad se hace evidente si conocemos los litros que se disponen diariamente en cada delegación. Mientras que Cuajimalpa recibe 525 litros por habitante por día (l/h/d), Tláhuac solamente recibe 177 l/h/d (Reynoso y Ziccardi, 2012). Cabe añadir que el crecimiento poblacional implica una disminución en dotación de agua por persona (Reynoso y Ziccardi, 2012).
La razón de que sean las zonas del sur y el oriente las más afectadas tiene que ver con la infraestructura de los sistemas de distribución del agua en la ciudad de México. Las dos principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad son los Sistemas de Lerma y Cutzamala, los cuales entran por el poniente de la ciudad, dotando primero a esta zona del recursos (Reynoso y Ziccardi, 2012). Igualmente no existe una infraestructura necesaria para distribuir equitativamente el agua hacia el oriente de la ciudad, siendo la zona donde se asientan los sectores con menos recursos de la ciudad (Reynoso y Ziccardi, 2012).
Otra razón que explica la distribución desigual del agua en la ciudad tiene que ver con las dinámicas de urbanización. Puesto que la gran cantidad de viviendas fueron construidos por sus habitantes, y por ende tiene un carácter de irregulares, existen grandes dificultades técnicas y jurídicas para abastecer estas viviendas (Reynoso y Ziccardi, 2012).
Con lo que respecta a las viviendas obtenidas gracias al apoyo de créditos, Para Salazar
(2014) desatención a las demandas de la población y al derecho a la viviendas ha generado diversos problemas con estos predios. En primer lugar existe una marginación de la población, pues al ser los derecho-habientes los únicos demandantes se priva a un gran sector de la población de la oportunidad de acceder a estas viviendas. En relación a esto, existe una sobre-oferta de casas, por la misma razón de que son los derechohabientes los únicos demandantes. Igualmente los fraccionamientos están localizados en áreas periféricas, lo que implica más gastos de tiempo y dinero en servicios de transporte. Estos dos últimos puntos dan como resultado resultado que muchas de estas viviendas sean abandonadas y queden deshabitadas.
También existe un problema de movilidad social derivado de la ubicación de estas viviendas y fraccionamientos de interés social en la periferia. Considerando que solo 22% de la población tiene un vehículo particular el resto tiene que realizar largos viajes en un servicio transporte publico saturado. (Ziccardi et al, 2021). Una repercusión más contemporánea de esta dinámica de traslado del hogar al trabajo fue la gran cantidad de contagios por Covid-19 en la ciudad.
3. POLÍTICAS SOBRE LA VIVIENDA EN MÉXICO
Desde siempre el Estado ha llevado a cabo diversos esfuerzo para solucionar las problemáticas relacionadas a la vivienda. Sin embargo, este se ha posicionado de manera distinta, en distintos momentos históricos con respecto al problema. Durante los primeros tres cuartos del siglo XX el Estado Mexicano, al tener una posición paternalista y guiándose bajo el modelo del Estado de bienestar, se caracterizaba por participar directamente en la construcción de viviendas a la par del proceso de urbanización irregular y auto-construcción.
El clima para el ingreso de empresas y la consolidación de la la economía implico el inicio de políticas encaminadas a la mejora de la calidad de vida de la población. Estas transformaciones en las políticas publicas estuvieron todas vinculadas con requerimientos del sistema político, el cual siempre estuvo subordinado a las empresas y al proyecto de industrialización y urbanización (Salazar, 2013).
A pesar de que el Estado Mexicano siempre ha estado subordinado a las demandas del sector empresarial y de que los beneficios siempre han quedado restringidos únicamente a los derechohabientes, excluyendo a una buena parte de la población, las políticas bienestar social tenían el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad (Barajas Martínez, 2010). Ejemplos de resultados de estas políticas de construcción son los complejos habitacionales de Tlatelolco, diseñados bajo la idea de aglutinar dentro de un mismo centro el acceso a la vivienda, la educación y la recreación (Sánchez Carrillo, 2022). A su vez el Estado de se centró en crear distintas instituciones y apartados legales que regulen y garanticen el acceso a la vivienda.
Pero este panorama cambiara a partir de la década 1980 con un cambio de enfoque sobre la participación del Estado en la vida pública. Este cambio hacia el neoliberalismo implicaría un nuevo enfoque en la creación de leyes e instituciones (Sánchez Carrillo, 2022).
3.1 El neoliberalismo
Antes de revisar el impacto que tuvieron las políticas neoliberales dentro de sector de la vivienda en la CDMX es pertinente definir al neoliberalismo y ver como este pasó a dirigir los enfoques sobre la participación del Estado y la dinámica de la política nacional.
Se entiende al neoliberalismo como un proceso de reorganización de las instituciones económicas y políticas con el fin de promover competitividad, y la libre actuación del mercado sobre todas las esferas de la vida (Salazar, 2013). Este se centra en tres principios que son: el principio de la libertad individual; el libre mercado como actor efectivo para promover libertad individual y; la limitada acción del Estado para asegurar el funcionamiento de la competitividad de los mercados, garantizar libertad individual y el derecho a la propiedad privada (Salazar, 2013).
En México la entrada del neoliberalismo inicia durante el sexenio de Miguel de la Madrid con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y termina por consolidarse durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Salazar, 2013).
A partir de esto México también firmaría acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los que ses compromete a seguir una serie de políticas impuestas por estos organismo. Estas políticas serán únicamente de orden macroeconómico, dejando de lado todas aquellas que tengan que ver con lo social (Boils, 2004).
3.2 Políticas neoliberales sobre de vivienda
Tenemos entonces que con la llegada del neoliberalismo a México el papel del Estado paso de ser productor de vivienda para garantizar el bienestar social a ser facilitador de producción para el mercado. Al otorgarle toda la injerencia de la vida pública al mercado la demanda habitacional pasará a ser resuelta por el mercado, mientras que el Estado se limitará a otorgar créditos como el INFONAVIT y FOVISSSTE para que la población pueda participar dentro de este mercado.
Durante la década de 1980 la participación del Estado en la vida pública fue reduciéndose y la política habitacional se subordinó a los lineamientos del banco mundial (Salazar, 2013). La intención de este tipo de organizaciones internacionales es otorgar recursos de financiamiento a los gobiernos para de esta forma poder influir en política de los países (Boils, 2004).
En el caso de la vivienda, según Boils (2004), la política que el Banco Mundial pretende que los países sigan consta de 2 elementos fundamentales : Primero tenemos el peso a la Rentabilidad. Esta consiste en que los créditos que el Estado otorgue para la adquisición o mejoría de inmuebles puedan ser recuperados en su totalidad mediante intereses. En segundo lugar tenemos a la Eficacia, en la que los adquisidores de estos créditos deben de ser personas con solvencia económica arriba de 5 salarios mínimos en México.
Dentro de estas políticas que privilegian al mercado como rector del la vida pública, el desarrollo de viviendas se realiza con la intención de fortalecer mercado. Tenemos pues que este enfoque implica exclusión social y económica en donde los beneficiarios de créditos solo son las clases medias y altas, es decir el sector que menos la necesita los créditos (Boils, 2004).
La estructura y organización de la administración publica es en base a un esquema de ideas empresariales (gobernar según la Eficacia, Eficiencia y Economía) (Sánchez Ramos, 2008). La consecuencia de este enfoque fue la ineficiencia para atender problemas sociales. Aunque se asumen estos problemas, el enfoque atiende solo a una cuestión operacional y no a la sustantiva que incide en la vida publica (Sánchez Ramos, 2008).
En los últimos años las políticas de vivienda de la Ciudad de México han privilegiado al sector financiero en la producción de viviendas privadas, por encima de la construcción de viviendas de carácter social (Salazar 2014). Mi propuesta es que estas políticas han influido en el fenómeno de extracción, primeramente porque, en el caso de las personas extraídas por fenómenos naturales no se les otorgan los créditos necesarios para remodelar o volver a adquirir una vivienda; o porque directamente son las dinámicas del mercado neoliberal las que expulsan a la gente de sus viviendas.
4. EXTRACCIÓN
4.1 Fenómenos naturales. Los afectados del sismo 2017
Para comenzar a problematizar el asunto, las estadísticas sobre las afectaciones del sismo de septiembre del 2017 se centran en el estudio de daños a las industrias manufactureras, al comercio y los servicios privados no financieros (INEGI, 2017). Es decir que este tipo de estudios están realizados en base a las necesidades de los empresarios y con el fin de analizar como se vio afectada su actividad. Sin embargo en esta investigación no encontré un estudio sobre los daño causados a viviendas. De ser que estos estudios realmente no existan refleja la verdadera postura de desinterés del Estado neoliberal para con las necesidades sociales.
La respuesta del Estado para esta crisis fueron programas de créditos y apoyos a fondo perdido (Torres, 2018). Estos apoyos, al igual que el resto de créditos para obtener inmueble, tiene un carácter excluyente debido a que no todos los damnificados tienen la capacidad ni la solvencia económica para poder acceder a un crédito (Torres, 2018). A su vez esto se vio marcado por la ausencia de información oportuna para los afectados sobre como podían acceder a estos créditos lo que generó desconfianza (Torres, 2018).
En una nota de La Jornada (2021) nos enseña que a más de tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, muchas personas que fueron desplazadas de sus hogares por perdida total o graves afectaciones a su vivienda (Complejos habitacionales dañados fueron por ejemplo el predio Álvaro Obregón 286 o Chimalpopoca 168) siguen viviendo en campamentos para afectados debido a que no han recibido un apoyo para la reconstrucción de sus casas. Esta situación de falta de apoyo a los damnificados contrasta mucho con la asignación de recursos millonarios que se aprueban a empresas inmobiliarios en zonas como Benito Juárez, Coyoacán o la Condesa (La Jornada, 2021).
A esta situación de perdida de la vivienda se añade el Estado de vulnerabilidad al Covid-19 debido al estado en que los afectados se encuentran y también se añaden los acosos y hostigamientos a los afectados para ahora abandonar los campamentos sin antes haberles asignado un recurso para la remodelación o reconstrucción de su hogar (La Jornada, 2021).
5. Desalojos masivos
Como resultado de la políticas neoliberales, las acción de mejoramiento y recuperación del espacio urbano se han realizado con el propósito de revalorizar estas áreas para hacerlas atractivas a las empresas inmobiliarias (por ejemplo el Centro Histórico o el Centro Financiero Santa Fe) (Olivera, 2001). Estos programas de rehabilitación tienen por resultado un fenómeno de gentrificación, en donde la población residente de las colonias es expulsada de sus hogares, por no poder pagar las nuevas rentas, y es introducida nuevas población con una capacidad económica mayor (Olivera, 2001). Por ejemplo en el Centro Histórico se ha visto un desplazamiento de la población y del comercio tradicional por la introducción de viviendas privadas y el comercio moderno (Olivera, 2001).
Específicamente estas políticas neoliberales generan el ambiente propicio para que las empresas se deshagan de los residentes originales por los medios que sean, por ejemplo el desalojo de los departamentos en Puebla 261 en la colonia Roma.
En su nota, Varela (2022), indica que existe un pleito jurídico por demostrar quien es el verdadero dueño del predio debido a la fusión de predios y la intervención del fideicomiso de Banca Ve por Más. Esta es la razón por la que los intentos de desalojo se han llevado de forma clandestina. Varela (2022) también nos relata el caso Krista Martı́nez, a quien, después de reventarle el cerrojo de su casa, un grupo de personas con mazos comenzaron a destruir su departamento. Desafortunadamente también nos dice que esta situación ya le ha pasado varias veces.
Varela (2022) señala que tanto los vecinos, como Lucindo Rangel, el abogado de los vecinos, sospechan que los intentos de desalojo son para poder desarrollar un nuevo proyecto arquitectónico. A pesar de que varios vecinos siguen en resistencia por conservar sus departamentos, en este predio la gran mayoría de los habitantes lograron ser desalojados en plena pandemia de Covid-19.
6. Conclusiones
El fenómeno de la vivienda en México es bastante complejo desde su definición, por lo que la primera tarea para poder resolver este problema es resaltar la definición que hace la ONU de “vivienda adecuada”. De esta forma al reivindicar la vivienda como un Derecho humano, el Estado esta obligado a intervenir en la construcción y distribución de viviendas en beneficio de la población en lugar de limitar sus esfuerzos a facilitar las condiciones para que el mercado regule el campo inmobiliario.
Igualmente al retomar la definición de “vivienda adecuada” podemos incluir dentro del derecho a la vivienda, el derecho a la disponibilidad de recursos, particularmente el agua. En el caso de las viviendas auto-construidas, debe de haber un proyecto de regularización de estas viviendas para que, de esta forma, ya no haya impedimentos jurídicos para que estas viviendas reciban una dotación de agua.
Por parte de la legislación mexicana en materia de vivienda podemos decir que, por lo menos en la concepción de “vivienda” esta no necesita de modificaciones, puesto que estas leyes ya retoman el concepto de “vivienda adecuada” de la ONU. En todo caso una forma de complementar esta definición sería tomando en cuenta la dimensión de “habitar” propuesta por Sanchez Carrilo (2022).
El problema principal con las casas de beneficio social, radica en 3 factores: estas encuentran en la periferia de la ciudad, al ser únicamente destinadas a derechohabientes excluyen a gran parte de la población, lo que genera que estas casas terminen siendo abandonadas. La propuesta sería lograr que estos hogares puedan estar al alcance de toda la población y no solo de los derechohabientes, y aunado a esto, mejorar el sistema de trasporte público con más rutas que permitan la movilidad de los habitantes de la periferia hacia la ciudad.
Finalmente para el caso de los extraídos de sus hogares hay que denunciar la incompetencia del sistema jurídico para dar solución a sus problemáticas. En el caso de los afectados por el sismo habría que agilizar los tramites para que estas personas puedan acceder realmente a los créditos para la remodelación o reconstrucción de sus viviendas. En el caso del puebla 261, el Estado deberıía, en primer lugar, ofrecer seguridad a los habitantes del predio y en segundo lugar, tratar de resolver el juicio de propietarios a favor de los habitantes.
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